Empresarios Españoles destruyeron puesto campesino con topadoras en Mendoza

Fue en Jocolí, cerca del limite con San Juan, aprovecharon la muerte de un campesino, para pretender sostener que el lugar estaba abandonado. Además con una desproporcionada cantidad de obreros corrieron su limite 5 kilómetros mas al sur dejando el predio dentro.La familia campesina instalo una carpa en el lugar con el apoyo de la comunidad y el movimiento Desde la fiscalía se amenaza con imputar a los campesinos por usurpadores.

El empresario, Antonio José Marchal Marchal, un millonario español que “quiere desarrollar allí el emprendimiento olivícola mas grande del mundo por una cuestión de desafío personal” para ello se esta apropiando de campos y por sobre todo de vertientes y acuíferos. En el lugar ya tiene 32 mil has, aunque luego de esta acción ya en la pagina web de la empresa hablan de 38 mil has. El establecimiento conocido como finca Doña Carmen, con cerca de 2000 mil hectáreas de olivares, ubicados en el pedemonte, sin estudios serios de impacto ambiental, utilizando el agua de las vertientes y napas de agua justo en la naciente.

José celestino Sarmiento se instalo en esa zona en el año 1944, y en ese campo se criaron sus hijos, entre otros José, Pablo, Juan y Martín. Fueron instalando viviendas en distintos puntos del campo para facilitar el manejo de los animales y los cuidados de las mejoras que se fueron haciendo. Represas, corrales, aguadas, etc.., Al morir los padres quien quedo en la casa paterna fue José hijo, , quien falleció a fines del año pasado.

Desde entonces ese punto del campo ( que siempre fue lugar de parada de los arrieros y animales) es cuidado por distintos miembros de la familia.

Hace unos quince días, la empresa Argenceres S.A de la cual Antonio José Marchal es presidente, aunque a su vez hay varias empresas mas con sellos locales que le pertenecen, comenzó a realizar daños y a correr su limite hacia el campo de los campesinos. Los campesinos hicieron varias denuncias en la policía de la cual hay constancias.

El martes 24 de mayo, cuando volvían el pueblo se encontraron con toda la vivienda destruida, las piletas de agua, y un pequeño galpón de acopio de forraje también destruido. Rastros de cargadoras y topadora. Y un alambrado que avanzaba envolviendo al puesto.

Por la mañana del 25 de mayo el oficial ayudante Cristian Gatica no quiso tomarles la denuncia luego de hacerlo esperar dos horas en la sub comisaria el porvenir.

La fiscal mendocina Maria Luisa Canata ha dado la orden de que los campesinos salgan del lugar o los imputara por usurpación y “daño” (??) .

En el lugar se hicieron presentes en tono amenazante obreros y abogados de la empresa, junto a la policía y un español que se presento como el propietario de la empresa.

Las familias campesinas resistirán en el lugar.

Conocemos mucha gente que ha trabajado algún corto tiempo en doña Carmen, mal pagos, con contratos basura, echando venenos en cuatriciclos, durmiendo en casillas. Daño al ambiente, apropiación de nuestros recursos, y trabajo precario, ese no es el desarrollo que que queremos

El agronegocio fortalecido por el capital financiero intenta arrasar con la economía local y la vida campesina. Esta empresa a su vez cuenta con innumerables apoyos de los gobiernos provinciales y subsidios.

¿Hacia donde queremos ir como país? ¿Quienes podrán consumir el aceite de oliva de estas empresas?

Donde produciremos alimentos para los pueblos los campesinos?

Por eso estamos convencidos de la lucha por la tierra, por la vida campesina, por la producción de alimentos sanos para nuestro pueblo

Ni un metro mas! La tierra es nuestra!

Soberanía Alimentaria ya!


Somos Tierra para alimentar a los pueblos!

Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza

Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina

Comunicado del MNCI: Represión y asesinato en Formosa: Ni derechos de pueblos originarios, ni derechos Humanos.

¿Es que la propiedad privada está por encima de la vida?

Es momento de decir basta, es momento de detener de una vez y para siempre la perversa impunidad de los terratenientes y sus cómplices en los gobiernos y en la justicia.

Dos vidas, un hermano originario y un policía, y varios heridos, son demasiada sangre para saciar la avaricia, la corrupción, el egoísmo que se traducen en el agronegocio, en la concentración de tierras, en la destrucción de los bienes naturales, en el hambre, en la desocupación y la inseguridad.

El año pasado asesinaron a Javier Chocovar, en Tucuman, pero parece que esto no fue suficiente, ¿que es lo que debe suceder entonces? ¿Hacia donde vamos?

En nuestro país la Constitución y varias leyes son muy claras en materia de los derechos de los pueblos originarios, como así también en el sistema jurídico internacional.

Los territorios en manos campesinas, indígenas producen alimentos sanos para el mercado interno, trabajo digno, en ellos el monte, el agua y la tierra son cuidados y respetados. Pero cuando esos territorios pasan a manos “privadas”, el agronegocio o la minería los destruyen, saqueando y contaminando toda nuestra producción, desabasteciendo nuestros mercados, generando desempleo, hambre, todo conduce a la inseguridad.

¿Seguridad jurídica de las empresas y de los terratenientes o seguridad social de todos y todas?, ¿Alimentos sanos para todos y todas o Comodities para exportar?, ¿Agricultura campesina indígena o agronegocio?. Estas contradicciones se resuelven con justicia social y respeto por los derechos humanos, con el fin de la impunidad policial, de la mala política, con el respeto a la constitución y con la distribución de la tierra.

La violación sistemática de los derechos de comunidades campesinas y pueblos originarios fue motivo de una Intervención Federal en la Provincia de Santiago del Estero en abril de 2004. Trajo consigo una matriz diferente de relaciones entre estado y sociedad civil organizada. Quizás el remedio Federal en la provincia de Formosa podría ser la fórmula que construya otro horizonte posible de justicia y dignidad.

Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena nos solidarizamos con los hermanos de la comunidad Qom, con los compañeros, compañeras y familiares de los muertos y de los heridos.

Exigimos también la inmediata investigación y el castigo de todos los responsables físicos e ideológicos de los crímenes.

Repudiamos las declaraciones del gobierno y la justicia de Formosa con argumentos falsos y vergonzosos ante los crímenes.

Exigimos al poder judicial, se ponga a tono con la legislación vigente y el respeto de los Derechos Humanos.

Solicitamos al Gobierno Nacional tome las medidas necesarias para que la investigación se lleve a cabo y para que todos los responsables sean juzgados, mas allá de su rol institucional o político.

Exigimos que se cumpla con la constitución nacional y se avance con legislación que proteja a las comunidades campesinas e indígenas, contemplando la propiedad comunitaria de la tierra en sus diferentes expresiones.

Imputados por no dejar sus tierras

Unos 50 campesinos están investigados por la Justicia por resistirse a abandonar el lugar donde viven desde hace más de 20 años. La Unión de Trabajadores Rurales denunció ante la Suprema Corte que muchos puesteros son amenazados y maltratados.

"La ley persigue con constancia y ansia al que roba una gallina de una estancia, pero se vuelve suave, blanda y fina con el que roba la estancia y la gallina", decía un sacerdote Jesuita. La metáfora tiene que ver con que unos 50 campesinos están imputados por resistirse a ser desalojados de sus tierras, afirman desde la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST). Esta situación hizo que miembros de esa organización presentaran un escrito denunciando el problema ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. También manifestaron a las autoridades judiciales que los juicios que se realizan para reclamar la propiedad de la tierra iniciados por personas que llevan más de 20 años produciendo en una finca "están cajoneados". También revelan diferentes amenazas que deben soportar los puesteros para que abandonen la tierra que trabajan.

Conflictos por la posesión

Los conflictos por la posesión de la tierra muestran las diferentes estrategias a las que se puede apelar para ocupar un predio. "En nuestra provincia el derecho a la tierra de las familias campesinas y de la agricultura familiar está violado sistemáticamente", sostiene Diego Montón, miembro de UST. Y agrega: "La Justicia mendocina en muchos casos discrimina a los campesinos que tienen legítimos derechos de posesión. Las denuncias que estos realizan son cajoneadas mientras que las que efectúan de manera maliciosa los empresarios son rápidamente derivadas a la Justicia penal", indican en el escrito presentado a la Suprema Corte.Montón considera que "de esta manera se intenta criminalizar a los campesinos que defienden sus tierras. Los conflictos en su mayoría son de carácter civil y es allí donde deberían dirimirse, salvo los casos en los cuales los empresarios intentan turbar la posesión campesina de manera violenta". El escrito indica también: "La Justicia debe reconocer la posesión comunitaria que realizan históricamente las comunidades campesinas e indígenas. Los fiscales deberían ser imparciales y respetar los derechos posesorios de los campesinos. Además la ley provincial de arraigo es ignorada por jueces y fiscales, como si la misma no existiera. La mayoría de las familias campesinas están sobre títulos privados muy superpuestos entre sí y con claros derechos posesorios a favor de los campesinos".

Con la topadora

Corría junio de 2007 cuando a Blanca Montenegro le dijeron que la tierra en la que vivía con sus padres y criaba animales para vivir, ubicada al norte de Jocolí, no le pertenecía. A los quince días, mientras los padres de Blanca estaban "trabajando y amamantando animales en el corral", se les volvió a pedir que desalojaran la finca. Al negarse nuevamente a abandonar el lugar ingresó una "máquina a trabajar en el campo, desmontando, dejando sin comida a las cabras, afectando todos los derechos de la familia", indica la denuncia presentada ante la Defensoría del Pueblo. Luego de distintas acciones realizadas por la UST, se recuperó el campo y hasta le reconocieron derecho a riego.

Matones

También José Doril Quintero ha tenido problemas con un predio ubicado en el kilómetro 3.338 de la ruta 40 en Jocolí. "Estoy aquí desde 1983. Vine a Mendoza en el 78, después del terremoto de Caucete en San Juan. Este lugar estaba abandonado, me instalé y comencé a trabajar como puestero con los animales". José, en diálogo con Los Andes, explicó que los problemas comenzaron en 2006 en su finca de 54 hectáreas. "Han intentado desalojarme con matones y amenazas de todo tipo, pero no han podido. A otros vecinos de la zona sí los han corrido y les han sacado la tierra que tenían". José cuenta que "en tres oportunidades aparecieron matones tratando de quedarse con mi terreno. Además nunca trajeron una orden judicial que ordenara el desalojo ni nada". El puestero se queja porque lleva más de 20 años ocupando ese lugar y la Justicia "todavía no me reconoce la propiedad del terreno. El juicio va muy lento".

Alambrado

Montón cuenta el caso que se registró entre 2005 y 2007 en San Rafael. A 40 kilómetros al sur de esa ciudad está la comunidad Los Leones "en la que viven 16 familias desde hace cuatro generaciones en un campo comunitario donde crían vacas, ovejas y cabras, con algunos caballos, usando vertientes con las que también tienen sus huertas y pequeñas parcelas de alfalfa". Montón recuerda que tres abogados de san Rafael compraron las mejoras de un puesto y "a partir de allí intentaron alambrar 10 mil hectáreas, dejando sin posibilidades de producción a las familias. En el proceso, que ha sido muy violento, se han llevado a cabo alambrados compulsivos, rodeo judicial para desalojar animales y allanamientos. Se hizo todo eso y hoy el campo sigue en manos de los campesinos que lo recuperaron, pero hay cinco personas procesadas por oponerse a dejar su tierra", explica Montón.

Cercano Oeste

Montón también se lamenta por la situación que padece Dina y Rolando Órdenes, quienes resisten en un predio ubicado en Gualtallarí, departamento de Tupungato, "un gran campo del Ejército Nacional en el cual vivían desde hace generaciones varias familias de campesinos". Con intimidaciones y amenazas dejaron el lugar 8 familias, pero Dina y Rolando resisten. Montón deja claro que esa actitud no es gratuita: "Eso implica soportar amenazas con armas de fuego y alambres, causas judiciales, robos de animales y destrucción de vehículos; mientras que los que quieren ocupar tienen causas penales archivadas en la Justicia". El miembro de UST indicó que "Ángel Bazán es el que se ocupa de sacar a las familias ". Una nota del diario Crítica publicada a fines del mes de noviembre, confirma los dichos de Montón. "Lo que quieren es que nos vayamos. Pero no nos vamos a ir después de 70 años", les comentó Ruperto Giménez, esposo de Dina, al matutino porteño.

Fuente: Diario Los Andes - lunes, 04 de enero de 2010
Gastón Bustelo - gbustelo@losandes.com.ar

La tierra que da la vida

En el Departamento de Lavalle, muy cerca del distrito de Las Violetas de Guaymallén, se encuentra un lugar, donde la lucha cotidiana cobra fuerza. La Colonia de Agricultores de Paramillo (CAP) resiste contra el olvido, el sentido común capitalista y la burocracia estatal.
Hace ya ocho años que sus habitantes, entre 10 y 15 familias del norte argentino, pelean por aquellos que les pertenece a cada uno de ellos y ellas, que les pertenece a todos y todas. La historia comenzó hace unos 20 años aproximadamente, cuando los más grandes fueron convencidos de dejar su tierra salteña ante la promesa de trabajo. Sólo la necesidad de subsistencia puede explicar el desarraigo que han sufrido estos campesinos y campesinas. Aquí los esperaba un empresario agrario que, a cambio de vivienda y una mísera paga, les dio trabajo en su finca. Pero como ya sabemos (sobre la base de la experiencia), el capitalismo no entiende de personas ni de vidas. El empresario, un buen día, vaya uno a saber por qué lógicas del capital, decidió abandonar la finca. La huida no se hizo, claro está, sin un previo vaciamiento de la propiedad, enmascarado bajo la forma de la quiebra. Sólo quedaron los hombres y mujeres que habían dado todas sus fuerzas para trabajar una tierra ajena, sin más herramientas que sus brazos y con la convicción de que sólo, colectivamente, podrían salir adelante.
Hoy, la comunidad lucha por la tierra, esa tierra que les dará vida a ellos y ellas, a nosotros y nosotras. No se detienen aún cuando el Estado les da la espalda, aún cuando las leyes le son esquivas. Se organizan y trabajan.

Una peña por la justicia en el campo profundo
Los habitantes de la CAP, habitualmente para fin de año, organizan una gran peña folklórica, donde además de festejar por el trabajo de todo un año, difunden su lucha y la situación en el campo. Así, el domingo 13 de diciembre se llevó a cabo una familiar y alegre peña.
El menú giró en torno a la carne a la olla, chivito, pollo a las brasas, asado y pasteles. Con el alimento asegurado, nos dispusimos a disfrutar de los diversos números artísticos.
El comienzo estuvo a cargo de los niños de la colonia, que con su grupo El Amanecer Salteño repartieron folklore a los comensales. Su canto decía: “todos los chicos contentos, todas las chicas contentas”. Y esa alegría nos fue transmitida.
A los niños, siguieron los “grandes” de la colonia. El grupo Los de Anta, compuesto íntegramente por habitantes de la colonia, en una de sus canciones nos relataba “los que sobreviven, que sobreviven más que otros, acostumbrados a sufrir, lejos de su tierra”. Y cuántos hombres y mujeres en el campo mendocino, sufren lejos de su tierra, lejos de los suyos, la explotación diaria de un trabajo inhumano, de una vida que no es vida.
Yatiri le puso ritmo latino a la tarde, pero del muy bueno. Su nombre significa “grandes hombres sabios, sanadores del alma”, y les aseguro que luego de escuchar su música, nuestras almas quedaron sanadas.
El chilcal fue el tema que el grupo Agosto les compuso a los celadores, como un homenaje a quienes, en muchas escuelas, son los encargados de multiplicar el pan para los niños y niñas.
A todo esto siguió la voz de Sandra Amaya, y Chicho y sus coplitas, desde Santiago del Estero. Párrafo aparte para el locutor, quien le puso sabor a la tarde, presentando a los artistas, y hasta animándose a un karaoke con el “hitazo” Puerto Mont.
Hubo espacio también para los agradecimientos de la colonia, hacia quienes, de alguna forma, a lo largo de estos años, han acompañado su lucha. Además, uno de los momentos que despertó más júbilo, fue el de la chaya, especie de bautismo que recibió el tractor recién adquirido por la comunidad. Un paso más en la lucha por trabajar la tierra.
Finalmente, Huasamaco cerró la tarde con chacareras para bailar y para levantar tierra, esa tierra que algún día será de quienes la trabajan con sus brazos, y por quienes es regada con el sudor de su frente. Quizás ese día comprendamos que la tierra, así como el agua, fuentes de vida para el pueblo, no son objetos de especulación ni propiedad de nadie, sino de todos y todas.