El reciente rechazo de los fondos procedentes de Minera La Alumbrera (aproximadamente 3,5 millones de pesos provenientes de las utilidades de esa explotación) por parte de la Universidad Nacional de Córdoba, la alta casa de estudios más antigua del país y por ende la de mayor trayectoria académica, no fue la ocurrencia deliberada de unos pocos, argucia falaz que siempre se pretende infundir desde diversos ámbitos interesados a la opinión pública, menos aún cuando se hace cada vez más evidente el descontento generalizado ante las devastadoras consecuencias ambientales, sociales y económicas del modelo extractivista exacerbado que pretende imponer el poder político-económico de manera compulsiva por sobre la voluntad popular y la veracidad científica.
Para resolver esta cuestión, previamente los responsables llevaron a cabo un largo proceso de debate e investigación académica (http://www.unc.edu.ar/institucional/noticias/2009/agosto/informe-de-la-rectora-al-consejo-superior-sobre), por lo que de ninguna manera puede tildarse de apresurada, condicionada o infundada esta decisión ejemplar e histórica; y menos aún, decir que responde a algún tipo de presión, más allá de la creciente demanda de participación popular para la toma de decisiones.
De esta manera, resulta llamativamente digno de destacar en estos tiempos de desidia y negligencia, las apreciaciones de lo sucedido en Córdoba, de acuerdo a las propias palabras de los consiliarios de la tradicionalmente denominada Casa de Trejo: "coincidimos en subrayar el proceso de construcción de consenso que derivó en la propuesta aprobada, como así también la honestidad intelectual de los participantes y el ejercicio de respeto por las diferencias y los puntos de vista disímiles que se fueron presentando en torno a la temática". Todo un ejemplo y esfuerzo mancomunado de vocación democrática y voluntad soberana de autodeterminación puesto en práctica dentro del marco de una institución independiente al servicio de la comunidad, haciendo valer tal condición por sobre aquellos intereses particulares que pretenden menoscabar los del colectivo social.
La resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba es contundente y lapidaria: "(...) se ha verificado empíricamente, y lo sostiene la amplia mayoría de los informes recogidos por este cuerpo, que la actividad minera que se desarrolla a cielo abierto e implica la utilización de procedimientos químicos para la extracción de metales, daña severamente el ambiente y en consecuencia a los seres humanos y sus comunidades". Y en particular menciona "(...) que las actividades productivas de la Minera Alumbrera tienen impactos socioambientales de corto, mediano y largo plazo, entre los cuales puede mencionarse el alto consumo de recursos naturales estratégicos y energéticos y los efectos negativos en las cuencas de varios ríos" (http://www.lavoz.com.ar/anexos/Informe/09/8370.pdf)
Sirva entonces de ejemplo en este y otros temas, de cómo se deben abordar a través de procesos de participación genuina los problemas de la ciudadanía, de manera directa, sin tapujos ni rodeos, con la firme convicción de aportar soluciones consensuadas de aplicación efectiva; no sólo para el resto de las instituciones académicas autónomas, sino también en general para aquellos que de una manera u otra deban decidir a cerca del futuro de la sociedad.
Universidad Nacional de Cuyo, la contracara…(El Almacén Andante)
En las antípodas de lo anterior, la UNCuyo nunca tuvo intenciones de abrir este debate, y solo por la presión de FADIUNC, agrupaciones estudiantiles y asambleas populares, el rectorado se vio obligado a hacer una actividad de “debate” que sobresalió por la falta de debate y la acción deliberada para evitar la participación de los diferentes sectores.
En su postura (diametralmente opuesta a otras Universidades del país), de que “por Ley debemos aceptar los fondos”, el rector siguió sosteniendo que no había siquiera que debatir el tema. Parece que la U.N. de Córdoba se rige por otras leyes, o pertenece a otro país, o no sabemos qué pensar…Lo que sí está claro es que la UN Córdoba si tiene interés en fomentar la participación, el debate y la construcción de conocimiento y consensos, a diferencia de nuestra universidad, que prioriza la llegada de fondos por encima de cualquier objetivo. Más aún, la Un Cuyo deslegitima la necesidad de un debate ético, político y moral de la procedencia de los mismos, y deslegitima también las capacidades de los diferentes actores sociales de la misma universidad y de la sociedad mendocina.
Podemos sostener esto amparados en la vergonzosa jornada del miércoles 16/12, en la cual el Consejo Superior sesionó con sólo 28 de sus 43 miembros (ya que se dijo que hubo “aprietes” a consejeros que iban a votar en contra de la aceptación de los fondos). Además, ante la presencia de cerca de 200 personas pertenecientes a distintas organizaciones estudiantiles, sociales y gremiales, el Consejo decidió desoírlos y terminó tomando la desición en una votación de carácter “secreto”, en la cual con un resultado de 17 a 11 se aceptaron los fondos provenientes del dinero sucio de la minera. De esta manera se avala el saqueo de los bienes comunes (mal llamados recursos naturales) y la depredación del medio ambiente, para seguir subordinando a la Universidad a los intereses de las grandes empresas, y poniendo en juego su verdadera autonomía, ya que en lugar de ser el Rector quien esta a la cabeza de la lucha por aumentos en el presupuesto, se pone del lado de financiamientos privados como este que distan mucho de permitir y promover la autonomía de la que él tanto habla. Estos “representantes” siguen abriendo el camino a la consolidación de universidades públicas sin presupuesto, dependientes de la “dádiva” de grandes empresas que luego determinan qué se estudia, para qué, para quiénes y qué tienen que decir las investigaciones de las universidades.
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